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21 años después de la toma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del M-19 y de su recuperación por parte de las Fuerzas Armadas, se conoció el informe de una Comisión de la Verdad conformada para aclarar el Holocausto. La Fiscalía ordenó la captura de un ex coronel del Ejército por la desaparición forzada de dos personas.
En esto hechos, murieron alrededor de 100 personas, 11 de las cuales fueron desaparecidas.
La Comisión de la Verdad fue integrada por un magistrado de la Corte Constitucional y dos ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia y calificó la toma guerrillera como acto terrorista.
De acuerdo con el informe de la Verdad esta fue una operación financiada por el cartel de Medellín, que le habría pagado US$2 millones al M-19, en su lucha contra la extradición a Estados Unidos.
“Esta es la Verdad que los Colombianos estábamos esperando”, dijo Gina Parody y agregó “tenemos el deber de recordar no para reabrir heridas, sino para comprender nuestra historia, para recordar a los miles de colombianos que se negaron una y otra vez a resignarse a aceptar la violencia como forma de vida, que no se doblegaron ante las intimidaciones de los violentos y que con su actuar dejaron una huella en la historia del país que no podemos permitir que se borre".
Informe Comisión de la Verdad
La Ley 1056 de 2006 rinde un merecido homenaje a los magistrados, servidores públicos y miembros de la fuerza pública que perecieron hace poco más de 20 años en el holocausto del palacio de justicia.
La ley se basa en que al Estado le incumbe el “deber de recordar” a fin de protegerse contra esas tergiversaciones de la historia que llevan por nombre revisionismo y negacionismo. “
El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y debe por ello conservarse. Tales son los principales objetivos del derecho a saber como derecho colectivo, dijo la autora de la Ley, la Senadora Gina Parody.
La Ley 1056 de 2006 ordena la construcción de un monumento a su memoria con base en un concurso de méritos, al igual que la elaboración de un documental en donde se recojan las imágenes de los sucesos acaecidos el 6 y 7 de noviembre; asimismo el día seis (6) de noviembre de cada año se conmemorará el día nacional del derecho a la memoria, fecha en la cual los establecimientos educativos públicos y privados al igual que la Rama Judicial conmemorarán con la realización de foros, conferencias, talleres y jornadas de reflexión referentes al derecho a la memoria, los derechos humanos y el respeto a la vida.
Igualmente, mediante la autorización al Ministerio de comunicaciones la emisión de una estampilla con la imagen del Palacio de Justicia que fuese escenario de los cruentos hechos de noviembre de 1985, con el objeto de sufragar las erogaciones que se causen en el marco de esta ley.
Ver la Ley
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