El 40,87% de la población sanandresana  tiene necesidades básicas insatisfechas, esto es casi el doble de la media nacional (27,63%), igualmente  el 38,4% de los sanandresanos no tiene aseguramiento en salud o no han sido identificados dentro del sistema de salud y el 84% de las viviendas no cuentan con saneamiento Básico. Por lo tanto se hace necesario crear las herramientas necesarias para lograr un nivel de desarrollo sustancialmente superior al que actualmente tiene San Andrés y Providencia, teniendo en cuenta su gran potencial geográfico, estratégico y el peso del sector servicios en la economía de la Isla.

De acuerdo con el proyecto de Ley se entenderá por conducta discriminatoria  toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se realice por motivos de sexo, raza, origen nacional, familiar o social, lengua, religión, opinión política y filosófica, incluida la afiliación a un partido o movimiento político,  posición económica, edad,  orientación sexual, identidad de género , estado civil, estado de salud, discapacidad, aspecto físico o cualquier otra condición social, que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

Según UNICEF 25 mil niños y niñas colombianos son víctimas de la explotación sexual comercial en Colombia, 16 mil de ellos están entre los 8 y los 12 años. El Ministerio de Protección Social y el ICBF  ha detectado un incremento un  en el número de niños y niñas inducidos a la explotación sexual, inclusive con edades inferiores a los 10 años.

Partiendo del enorme problema que nos plantea el calentamiento global y en búsqueda de un mejoramiento de nuestro entorno ambiental el proyecto de ley de Reciclaje pretende instrumentar la cultura de la basura cero en el marco de la gestión y manejo integral de los residuos sólidos ordinarios no peligrosos, bajo los principios rectores de corresponsabilidad ciudadana, minimización, fortalecimiento de las cadenas de reciclaje y aprovechamiento e inclusión de la población recicladora de oficio en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, con el fin de proteger los recursos naturales, la población y el patrimonio público y privado.

Esta iniciativa surge por el creciente número de accidentes por el uso de pólvora en el mes de diciembre en todo el país y por la situación presentada en diferentes municipios, en donde a pesar de la Ley 670 los Alcaldes no prohíben el uso de ésta y persisten los casos de quemaduras especialmente en menores de edad, por lo tanto el objetivo de este proyecto de ley es promover la erradicación de la manipulación indiscriminada de pólvora por parte de personas inexpertas en especial de los menores de edad.

Esta ley tiene por objeto la adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización.

El objetivo del proyecto de ley Rutas Seguras al Colegio es garantizar a los niños, niñas y jóvenes ejercer su derecho a la movilidad libre y segura mediante la promoción de la prevención y seguridad vial en sus desplazamientos a pie, en bicicleta, en cualquier tipo de vehículo automotor incluyendo la motocicleta, desde su hogar hacía el establecimiento educativo y desde éste hacía su hogar, en los horarios de ingreso y salida de clases. Las normas de la presente ley rigen en los municipios o distritos de más de treinta 30 mil habitantes y regulan la circulación vial de los estudiantes de los establecimientos de educación Preescolar, Básica y Medía en los horarios de ingreso y salida de clases.

Debido a la ausencia de claridad normativa en el tema de determinación de la vida útil del parque automotor de transporte público en Colombia, las principales ciudades del país han experimentado sobreoferta en la prestación del servicio así como bajos estándares de calidad en la prestación del servicio. El proyecto pretende que se cumpla el plazo de vida útil del parque automotor de 20 años dispuesto en la Ley 105 de 1993, a través de un mecanismo fiduciario que permita poder ahorrar efectivamente el 3% del pasaje que hoy pagamos los usuarios para la reposición de los vehículos, y que hoy no aparece en los fondos de las empresas transportadoras la cuales son las responsables de ahorrar esos dineros que son públicos.

El objetivo de este proyecto de ley es Rendir homenaje a las personas desaparecidas y adoptar medidas para lograr la plena identificación de las víctimas enterradas en fosas comunes y brindar un entierro digno conforme a las tradiciones familiares comunitarias. Así mismo reconstruir La memoria histórica de las victimas del conflicto colombiano enterrados en fosas comunes, que será objeto de conmemoración el día 6 de noviembre, declarado como Día Nacional del Derecho a la Vida por la Ley 1056 de 2006. Este proyecto de ley también contempla que Los familiares de víctimas enterradas en fosas comunes que sean identificadas y que no cuenten con recursos para solventar los gastos funerarios, recibirán por parte del programa presidencial para la Acción Social una ayuda económica que les permitan garantizar un entierro digno.

El Proyecto de Acto Legislativo de Reforma Política hundido la legislatura pasada por la Comisión I del Senado, recogía las propuestas de todos los Partidos y Movimientos Políticos, así como la propuesta de la Senadora Gina Parody.