LA SEMANA PASADA asistimos a una nueva versión de la historia del raponero que le roba la cartera a la señora y desata la ira de los testigos que le gritan al Policía de la esquina: "¡Cójalo, cójalo, ladrón!", sólo para comenzar a gritar: "¡Suéltelo, suéltelo, pobrecito!", apenas el agente lo captura e intenta llevarlo a rastras a una comisaría. Por años hemos escuchado que en varios departamentos y municipios los funcionarios roban las transferencias que les envía el Gobierno central, y por años hemos clamado que alguien haga algo. Pero apenas surge una propuesta para que, ante la evidencia de malos manejos, esos funcionarios pierdan la capacidad de control sobre los dineros, la galería empieza a gritar que esas medidas van a ser un golpe mortal a la descentralización.

Más aún: por proponer controles para impedir que sigan robándose esa plata, la senadora Gina Parody termina acusada por algunos de sus colegas de estar haciéndole favores a los bancos. ¿Qué propuso para merecer esos ataques? Que si un municipio incumple sus metas en salud, educación, agua potable o saneamiento básico a pesar de haber recibido los recursos suficientes, las transferencias que le corresponden al año siguiente sean entregadas a una fiducia y destinadas al cumplimiento efectivo de esas metas.

Me pregunto si algunos de los congresistas que critican esos controles no estarán, en el fondo, protegiendo a los hampones que les ponen los votos en las regiones y garantizando que puedan seguir, por la vía del saqueo, privando a los más pobres de los beneficios de urgentes inversiones en el área social. Yo no sé si la fórmula correcta es la propuesta por la senadora Parody, pero hay que establecer controles efectivos.

¿Tendremos que seguir impávidos mientras los forajidos de las burocracias locales le roban a los más pobres la ayuda del Estado?

Una mirada a algunas cifras permite confirmar la necesidad de actuar para detener este criminal enriquecimiento de funcionarios y políticos a costa de que los pobres sigan siendo pobres. Entre 2002 y 2005, las transferencias a Boyacá para agua potable crecieron en 33.6%, pero la cobertura de acueducto decreció en 9%. En Chocó, los recursos para educación aumentaron 24%, pero la cobertura de educación básica cayó en 1.6%. En cuanto a agua potable, en este departamento los recursos crecieron 34.3% y la cobertura cayó en 45.7%. Y así muchos más casos. Es increíble que ni la izquierda ni el liberalismo -que tanto posa ahora de socialista- promuevan medidas para evitar el robo de la plata que les corresponde a los más necesitados. Y mientras tanto, muchos parlamentarios uribistas se oponen también a implantar controles.

El argumento central es que esos controles acaban con la descentralización. Qué equivocación. España, uno de los países que mayores avances ha dado en materia de descentralizar e incluso federalizar, fue escenario de un caso ejemplar. Desde Madrid, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero intervino la ciudad de Marbella, sacó a la alcaldesa, cerró el concejo local y asumió la administración del municipio para evitar que siguiera la corrupción. A nadie se le ha ocurrido acusar a Zapatero de antidemocrático ni de centralista. Lo único que le han dicho es que cumplió con su deber.

En Inglaterra, la democracia más antigua del planeta, el Ejecutivo tiene facultades tan amplias en materia del control a la forma como las regiones gastan el dinero que envía el fisco central, que puede suspender un contrato o congelar unos recursos cuando tenga serios indicios de que los dineros van para el bolsillo de los corruptos. ¿Será que en Colombia no podemos hacer algo similar? ¿Será que, para que nadie diga que se trata de un golpe a la descentralización, hay que abstenerse de controlar el gasto regional y seguir impávidos mientras los forajidos de las burocracias locales le roban a quienes más necesitan de la ayuda del Estado?