“Ética, jurídica y políticamente es inaceptable esta petición de los jefes de los paramilitares”, sostuvo la Senadora Gina Parody.
BOGOTÁ, ABRIL 2 DE 2007. Al conocer la carta que en este sentido enviaron los jefes paramilitares recluidos en Itagüí, la Senadora Gina Parody aseguró que este tipo de peticiones son inviables jurídicamente porque “la Constitución prohíbe que quienes han cometido delitos atroces puedan ser considerados delincuentes políticos, entonces, la única vía para que puedan hacer política en Colombia es que las masacres, secuestros, desapariciones y demás delitos sean reconocidos como delitos políticos y esto es constitucionalmente inviable”.
La Senadora agregó que “políticamente también es inviable porque apenas estamos iniciando un proceso de paz, todavía no hay desmonte de sus estructuras y, por el contrario, estos grupos siguen ejerciendo el mismo poder en las zonas de influencia”.
“Estas son peticiones que se hacen al final de un proceso de paz, cuando la gente tiene la tranquilidad que se han desmontado sus estructuras delictivas, que están dentro del estado de derecho, que pagaron por sus delitos y que repararon a sus víctimas. Es decir, que las víctimas han perdido el miedo”, sostuvo
Igualmente “es insostenible políticamente a nivel interno e internacional, permitirles participar en política a quienes no han desmontado sus estructuras, y sobretodo porque las víctimas no han sido reparados”
Parody consideró que “éticamente no se puede aceptar esta propuesta, porque a las víctimas no les podemos pedir que se vuelvan héroes. Ellas no pueden soportar el accionar político de unas personas que cometieron los peores crímenes sin que les reparen, sin que las reconozcan”.
“El Estado no puede amparar a los delincuentes. Para que haya reconciliación se requiere medidas de no repetición, especialmente en las zonas donde estos grupos armados actuaron y la primera medida es que estas personas pierdan completamente el poder que tuvieron para hacer daño. El sacrificio tiene que ser para los delincuentes no las víctimas”, dijo
En este sentido, la Senadora propuso que “los esfuerzos gubernamentales deben orientarse a reestablecer derechos políticos, pero de aquellos que su libertad de expresión, sus garantías para la participación en la política y el derecho a elegir y ser elegidos fueron conculcados por los que hoy están reclamando garantías que años atrás arrebataron empleando al violencia y la intimidación y que hasta el momento no han dado muestra alguna de contribuir al derecho a la verdad”.
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