Tal como está siendo aprobada la reforma política no sirve para nada. En lugar de mejorar la política para que el ejercicio del poder sea conforme al interés general, los “grandes” partidos buscan la forma de apropiarse de los mecanismos electorales para fortalecerse. A pesar de que no han podido demostrar que no fueron ellos la principal puerta de entrada de los parapolíticos al Congreso.

El 65% de los votos cuestionado pertenecen a los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical y de la U. Precisamente los que no quieren aplicar las sanciones de manera inmediata y sacar esos votos del Congreso, como medida de desagravio con las 1.564.032 personas, a quienes se les violaron sus derechos políticos.

Como no pudimos evitar que el paramilitarismo se tomara por asalto la política, nuestro mínimo deber es sancionar a los partidos que no tuvieron cuidado en vincular a integrantes de la ilegalidad como “representantes” de los colombianos. Se pensó en la pérdida de la curul, la devolución del dinero de la reposición de votos, y la anulación de la personería jurídica, al descontar los votos ilegales. Pero la efectividad de esas medidas con lo aprobado en la comisión I de la Cámara queda en nada.

Primero, pretenden que a la llamada “silla vacía” solo opere con sentencia ejecutoriada. En la práctica esto implia que las sanciones no se aplicarán antes de que se acabe el periodo de este Congreso. Por ejemplo, si un Congresista es juzgado por la Corte Suprema, el proceso puede demorarse entre un año y medio y dos, hasta que lo condenen. Pero si el político renunció al fuero y es investigado por la fiscalía llegar a la pena ejecutoriada podría tardar 5 años o más, desde que se inicia la investigación, hasta que se falla el recurso de casación.

Como si fuera poco, le colgaron un incremento del umbral del 5%, el endurecimiento de los requisitos para la inscripción de firmas y sanciones a la doble militancia, con la excusa de “fortalecer” los partidos. Cerrando los caminos democráticos a las minorías o a quienes no se sienten identificados con los partidos, que hoy carecen de ideologías claras.

Con el umbral en el 5%, pasaríamos de 12 partidos, a seis, 5 de los cuales, tienen Congresistas vinculados con la ilegalidad. Entonces cada vez que cualquier ciudadano desee participar de unas elecciones, deberá pedirle permiso al “dueño” del partido, volviendo a la tan criticada dictadura del bolígrafo o lo que es peor, al mismo esquema del Frente Nacional.

Además, la curul queda perteneciendo al partido y se sanciona la doble militancia con la pérdida de la investidura. Las consecuencias: que los congresistas quedan presos de sus colectividades, porque renunciar a ellas, implica salir del congreso. Por ejemplo si un partido decide apoyar a una persona vinculada a la ilegalidad, como ha sucedido no habrá forma de decir que no, a menos que se salga del partido y lo grite desde la calle. Esas medidas favorecen la maquinaria y acaban con el voto de opinión que comienza a sobresalir en el país.

Y para cerrar el círculo de la exclusión política, se exigirá a los candidatos que se quieran lanzar por fuera de los partidos, ya no 50 mil firmas sino el equivalente al 30% del censo electoral de su ciudad o departamento. En Bogotá, serían 1.262.899 firmas, 342.886 más de los votos con los que Samuel, salió elegido. O en Medellín, donde se necesitarían 326.670 firmas para inscribirse como candidato, y 275.734 votos para ganar las elecciones.