¿Qué significa y qué consecuencias tiene la crisis de legitimidad del Congreso? La clave de una elección en una democracia representativa es que sea libre. De tal manera que un ciudadano vote, escoja la persona con la que se siente identificado, y después esté dispuesto a obedecerla. Cuando falla la garantía del derecho político al voto libre, falla el resto del proceso, y la legitimidad del Congreso se pierde, porque la representación en una democracia no se gana con la coacción o la imposición, sino con la libertad y la persuasión.

¿En que está nuestro Congreso? 50 congresistas investigados, de estos 28 están presos y algunos ya confesaron. ¿Por qué los investigan? La frase que mejor lo ilustra la dijo el Fiscal General: “fue la clase dirigente de la política la que reclutó los paramilitares y no los paramilitares los que reclutaron a los políticos”. Los políticos para obtener votos les pidieron ayuda a los paramilitares. Pero la cooperación consistía en desplazar, masacrar y amenazar a la población para saltar al Congreso. Obtuvieron las curules con el fusil en las urnas.

La Constitución prevé un mecanismo para cubrir vacantes. Pero no tiene sentido aplicarlo en circunstancias de crisis de legitimidad como esta. Si un Senador consiguió 49.958 votos y confesó que los obtuvo con “ayuda” de grupos armados, estos votos no podrían ser reciclados por quien le sigue, con escasos 8.367 votos. Es una burla a la justicia: esa curul se benefició de la violación de los derechos políticos y por lo tanto quienes votaron amenazados no tendrían por qué obedecer.

De la crisis de legitimidad no hay duda. De lo que hay duda es de cómo solucionarla. He escuchado propuestas desde el “deje así” hasta cerrar el órgano representativo. Lo cierto es que el Congreso tiene en sus manos la facultad de autorreformarse con sanciones que impliquen responsabilidad política como la pérdida de la curul obtenida ilegalmente, la devolución de los recursos públicos que les pagaron por cada voto, e incluso la pérdida de personería jurídica para el partido. La primera vez, en junio de 2007, se hundió esta reforma y la segunda, que está andando, la quieren amarrar a un umbral del 5%, para darse garrote y mucha zanahoria: se aplican las sanciones pero se cierra el canal democrático de participación política para que solo queden 6 partidos, 5 de los cuales hoy tienen congresistas en tela de juicio.

La Constitución prevé mecanismos que permiten la participación popular (asamblea constituyente, referendo, plebiscito y consulta popular), pero amarrados al Congreso. Frente a la crisis podríamos hacer uso de estos para proponer elecciones anticipadas siempre vinculadas a sanciones que impliquen responsabilidad política de los partidos, para que no queden los mismos pero más legitimados. Sin embargo, esta solución presenta al menos dos obstáculos: la falta de voluntad de autorreformarse del Congreso y el tiempo que implicaría vivir en la crisis, incluso profundizándose más, hasta mediados de 2009, muy cerca de las elecciones ordinarias del 2010, que son en marzo. Es decir, no haríamos nada.

No podemos presenciar una crisis de legitimidad y cruzarnos de brazos. El límite de la política no es el Congreso sino el “pueblo”, la “comunidad”, la “nación”, la “multitud” o poder constituyente, como queramos llamarlo. Cuando la naturaleza misma del gobierno representativo está en crisis el poder constituyente se descongela, porque no está subordinado a la representación. Insinuar un amarre del poder constituyente al poder constituido en un momento de crisis de legitimidad va en contra de la libertad y por ende contra la democracia. El poder soberano reside en el pueblo y en tiempos de crisis el poder constituyente no tiene fin, no se detiene, debe estar siempre en movimiento creando nuevas respuestas. Así se entendió en 1991 y así se debe entender en esta crisis.