“En un país decente, el asesinato de una niña de 7 años sería un magnicidio”. Esta frase la leí en una caricatura de Vladdo y me recuerda lo lejos que estamos de ser un país para niños y niñas. (Ver caricatura) La última semana observamos estupefactos la historia del “carcelero de Austria”, o el caso de la mamá Alemana que asesinó a dos de sus hijos recién nacidos y los tuvo desde finales de los años 80 en el congelador. Pero acontecimientos de este calibre ocurren por miles en Colombia diariamente. Sin embargo, la cruel costumbre los volvió irrelevantes.
Pero seguimos trabajando porque todo el país vuelque los ojos hacia estos problemas. La Ley de Infancia y Adolescencia celebra su primer año de vigencia, que introdujo mecanismos para la protección efectiva de nuestra niñez. Por ejemplo, aumentó la edad mínima para trabajar a 15 años, obligó a que se creen planes de nutrición y de ampliación de cobertura en educación primaria; creó sistema de responsabilidad penal juvenil; eliminó cualquier beneficio penal para los autores de delitos contra niños y niñas; y prohibió vía penal el llamado “paseo” de la muerte.
El cumplimiento de por lo menos cuatro metas del milenio, dependen de la implementación y desarrollo de esta disposición: erradicar el hambre, enseñanza primaria universal, reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud materna. Pero falta todavía voluntad política para reversar la cruda situación actual de los más pequeños.
Las cifras no mienten: la desnutrición de niños menores de 18 años es del 13% y la inversión para combatir este problema es del 0,5% del total de la política social del Gobierno. Se presentan en promedio 10 mil casos de maltrato infantil al año, y se dictamina una cifra similar de abusos sexuales en menores, que solo equivalen al 5% de la realidad. Es decir un promedio de 60 niños diarios son golpeados o abusados, muchos de ellos al interior de su propia casa o por un familiar cercano.
En los últimos 20 años, en Colombia se incrementó el embarazo adolescente. Según la encuesta nacional de demografía y salud, en 1990 el 12% de las mujeres entre 15 y 19 años estaba embarazada o ya era madre, hoy la cifra es del 21%. Además, la deserción escolar es del 7.05% anual (de cada 100 niños que ingresan al sistema, solo 53 terminaron el colegio), entre otros motivos por comenzar a trabajar o porque los padres no pueden pagar el transporte, los útiles o alimentarlos correctamente.
A pesar de ese panorama, no todo son malas noticias. El gran logro de esta norma, aunque difícil de cuantificar, es el reconocimiento de la niñez y la adolescencia como asuntos prioritarios en la agenda nacional y local, trayendo como consecuencia la formulación de múltiples políticas públicas enfocadas en su bienestar. Esto implica, que cada alcaldía o gobernación debe realizar las acciones pertinentes y destinar los recursos necesarios para reducir las cifras de desnutrición, deserción escolar, maltrato y abuso infantil; para combatir los problemas de nuestros niños y niñas. Por eso hemos visto a los alcaldes y gobernadores discutiendo por primera vez en todo el país una agenda de infancia para su plan de desarrollo.
Sin embargo, la corrupción es uno de los grandes enemigos de los niños. De ahí la importancia de la voluntad política. En el Chocó, departamento donde la mortalidad infantil asciende a 90 por cada mil nacidos vivos, funcionarios públicos desviaron 2 mil millones de pesos del presupuesto de salud del departamento, mientras 50 niños murieron de hambre el año pasado. Hoy hay 5 ex funcionarios presos por ese delito.
Esto demuestra que la ley es solo una parte. Del compromiso del Estado, la sociedad y la familia, de que cada uno se convierta en un garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, depende que un niño sienta que puede acudir a cualquier adulto cuando tiene un problema. De lo contrario, llegaremos al 2015 lamentándonos por no haber aprovechado una norma que nos permite desde ya que nuestros niños y niñas sean libres. |
