Hace 500 años, Cartagena fue ciudad clave para la conquista. A diario llegaban miles de esclavos que con su trabajo aumentaban el poder del imperio español y, por su valor estratégico, era blanco de piratas franceses y portugueses. Medio siglo después, las cosas no han cambiado mucho.

Ya no se traen personas del África para esclavizarlas con el trabajo pesado, ni los piratas llegan en carracas o carabelas; ahora a los niños y niñas de barrios populares los convierten en esclavos sexuales y los piratas llegan disfrazados de turistas en buques de lujo y aviones.

En ese entonces, llegaban a Cartagena atraídos por el "nuevo mundo". Ahora el gancho es sea, sex, sun and sand, slogan con el que se promueven paquetes turísticos  para extranjeros. Se ofrecen servicios sexuales con niños, niñas y adolescentes con un valor agregado: en Colombia no es un crimen, ni un delito. Por el contrario, somos un paraíso para pedófilos y abusadores.

Países como México y Brasil donde la problemática de la explotación sexual comercial infantil se evidenciaba en las playas de Cancún y Río de Janeiro optaron por castigar al cliente hasta con penas de 15 años de prisión. En cambio aquí se sanciona al proxeneta, al que estimula, o al que constriñe y hasta tenemos programas de protección para las niñas. Pero para el abusador, extranjero o nacional que paga por sexo a adolescentes, lo único que tenemos es un "Good Bye! See you soon".

Un taxista, un vendedor ambulante o la persona que alquila carpas en cualquier playa puede ser el primer contacto para iniciarse en la explotación sexual comercial infantil. Solo basta con pronunciar las palabras mágicas: "tiene una pollita para mi amigo", para conseguir niñas y niños. "Solo dígame cómo la quiere y a donde se la llevo… Eso sí, me paga el transporte y la tarifa la arregla con ella".

Pero el drama de la explotación sexual infantil no es exclusivo del sector amurallado, ni de turistas extranjeros que huyen de las legislaciones de sus países. En barrios marginales  como el Pozón –que podría ser cualquier barrio deprimido en todas las ciudades del país- una libra de carne, una bolsa de leche o 2.000 pesos, es suficiente para que un abusador cumpla sus deseos más perversos desde realizar tocamientos hasta convertir a una niña en su esclava sexual. La explotación sexual en las comunidades, es el primer paso de una cadena que termina en el ejercicio de la prostitución, ya sea en la calle de la media luna donde la "tarifa" es de 20.000 pesos hasta locales exclusivos en el sector amurallado donde detrás de maquillaje, una contraseña falsa, adolescentes de Medellín, Pereira y Cali ofrecen compañía a los turistas por tarifas de 200.000 pesos.

Otros niños y niñas sin rostro pueden contar las más oscuras historias. Algunas dan cuenta de una macabra modalidad: tripulaciones de barcos filipinos que atracan en el muelle que "contratan" niñas entre los 12 y 16 años habitantes de barrios vecinos del sector como Cartagenita y Zapatero por varios días. Algunas vuelven a sus casas, otras han desaparecido. Los rumores van desde la trata de personas, hasta que son lanzadas en altamar, una vez la tripulación ha satisfecho sus deseos sexuales.

El no castigar al  cliente tiene a Cartagena convertida en un "paraíso" de la prostitución infantil. Los turistas llegan huyendo de fuertes legislaciones penales que rigen en gran parte del mundo. Me pregunto, ¿qué le pasaría a uno que visite las playas de St. Peter-Ording, en Alemania o Ibiza en España y decida pagarle a una adolescente para satisfacer sus deseos sexuales? Seguramente terminaría preso.

No podemos seguir por el camino equivocado: pretender ser un país que protege a sus niños y niñas, pero que permite y tolera la explotación sexual. Cómo se explica que en Colombia en el ordenamiento jurídico primen los derechos de los niños y niñas pero en la práctica no haya un mínimo castigo para los consumidores de sexo infantil que destruyen para siempre la vida de sus victimas, implantando una modalidad de esclavitud del siglo XXI.