“Lubanga ordenó entrenar niños para matar, Lubanga los hizo matar y Lubanga dejó que se murieran” sentenció durante la audiencia de acusación, Ekkhehard Withopf, abogado de la fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Por mucho que se parezca, Thomas Lubanga no es un jefe guerrillero de las FARC ni de los paramilitares. Es un miliciano de la República del Congo, primer procesado por la Corte Penal Internacional –CPI- por el delito de reclutamiento de menores.

La CPI fue constituida como un tribunal internacional independiente, de carácter permanente para garantizar que los crímenes cometidos contra la humanidad como el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad no quedaran impunes cuando un Estado no quiera o no pueda aplicar justicia, como fue el caso del Congo.

Como es costumbre en materia de tratados internacionales, Colombia fue pionera en acogerse y respaldar la creación de este tribunal, esta vez con una reserva de 7 años frente a los crímenes de guerra. Es decir que para delitos como tortura, toma de rehenes, emplear armas envenenadas, reclutamiento de niños, la competencia de la Corte Penal Internacional solo empezaría en noviembre del 2009.

Este fue un gesto del entonces saliente presidente Pastrana y del entrante presidente Uribe, considerado como “generoso y bondadoso” en aras de lograr un acercamiento con las FARC, ya que impediría que la Corte eventualmente investigará a este grupo terrorista.

Sin embargo, casi ocho años después de establecer la reserva, las FARC no han dado muestras de paz, por el contrario mantienen civiles privados de la libertad, siguen utilizando armas no convencionales y han trazado una estrategia de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para no ver disminuido el número de miembros en sus filas, a pesar de las importantes bajas que ha ocasionado el plan Patriota.

¿Qué razón existe en la actualidad para mantener la reserva? A mi juicio ninguna. Por el contrario solo hay  razones para levantarla ya y de manera retroactiva.

Algunos dicen que levantarla sería reconocer que nuestra justicia no tiene la capacidad para investigar y sancionar este tipo de delitos, pero esta incapacidad esta demostrada en cifras, en la fiscalía cursan 457 procesos por reclutamiento ilícito, de los cuales tan solo uno esta en juicio y el resto en etapa de investigación preliminar, mientras que en la selva, la guerrilla cuenta con aproximadamente 7.000 niños y adolescentes con fusil al hombro.

El mensaje de la Corte Penal Internacional, al inaugurarse con el caso de Lubanga fue bastante claro: proteger y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Por eso y hasta que el Estado no tome la decisión de levantar la reserva o se cumplan los siete años, no será posible que la CPI actué en Colombia de la misma forma que actuó con Thomas Lubanga y mientras tanto Tirofijo, Jojoy y Romaña seguirán reclutando niños y las águilas negras incorporando a los menores que los paramilitares no entregaron.

Es imperante que se levante de inmediato la reserva y que se haga de manera retroactiva al 2002, para que aquellos que insisten en violar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sientan que, como en el caso de Lubanga, pueden terminar en la silla de acusados de la Corte Penal Internacional.