La libertad de los niños en una sociedad debería ser uno de los principales índices para medir qué tan democrática es. En Colombia en lugar de poner en práctica políticas públicas para mejorar su situación y lograr que los niños sean cada vez más libres, nos hemos convertido en un país que tolera, estimula y perpetúa la violación de sus derechos.

Las cifras son dramáticas, pero nadie parece escandalizarse con ellas: 1 de cada 5 niños en Colombia está obligado a trabajar; 10 mil niños son víctimas de abuso sexual y 11 mil de maltrato, cada año; solo en Cartagena, 2 mil menores son usados en faenas de prostitución; la guerrilla y otros grupos armados tiene a cerca de 4 mil niños, niñas y adolescentes para utilizarlos como carne de cañón en el combate y en el Chocó se mueren de física hambre al menos 50 niños al año.

Si algo se parece a la esclavitud en este siglo es el tratamiento que se les da en Colombia a los menores de edad: se les trata como si sus derechos fueran de segunda. El salario de un niño, en el mejor de los casos, equivale a unos 80 mil pesos. La "tarifa" por tener sexo con una niña en Cartagena va desde 2 mil hasta 200.000. Las FARC obligan a abortar a las menores de sus filas. Los peores crímenes son cometidos en contra de ellos mientras la sociedad y el Estado se quedan mudos.

Entre tanto, la política de infancia sigue estancada en proyectos piloto o estudios exploratorios. En los últimos 12 años se han elaborado 3 planes nacionales de prevención y erradicación del trabajo infantil y hoy no solo no sabemos cuántos niños han reincidido, sino que ha aumentado a 2 millones el número de niños trabajadores. De ellos, 480 mil no quieren volver al colegio.

Los avances en la garantía de los derechos para los niños con algún tipo de discapacidad son mínimos. A pesar de que en el país hay aproximadamente 260 mil niños ciegos, en sillas de rueda o de talla baja, en la calle no vemos ninguno. Es como si no existieran. ¿Qué se ha hecho para permitirles a estos niños ir a estudiar, cuando no hay textos braille ni rampas en las escuelas? ¿O para que puedan tener espacios en las ciudades para movilizarse? Nada. Estos niños están condenados a vivir escondidos en su casa.

Aún más grave, la casa no parece ser un sitio seguro para los niños de Colombia en particular. Según el último informe del secretario general de Naciones Unidas sobre el tema, los niños latinoamericanos fueron los únicos del mundo en decir que el sitio más peligroso para ellos era su casa. Y no es para menos, el 66% de los casos de abuso sexual en niñas entre 10 y 14 años en Colombia ocurrió en su 'hogar' y en el 80% de los casos, el agresor era conocido (padre, padrastro o vecino).

Lamentablemente, hasta que no solucionemos la crisis de legitimidad del Congreso, las discusiones en el legislativo no avanzarán hacia los principales problemas que aquejan a nuestros niños y niñas. Los políticos, en lugar de realizar pactos ilegales con los grupos armados para obtener una curul, deberían firmar acuerdos con los niños y niñas de Colombia. Comprometerse en avanzar en la protección efectiva de sus derechos y en construir un país para ellos y dejar atrás ese impulso de proteger y legislar para los victimarios.