Jenny* desde los 8 años era ofrecida en la calle por su madre (quien tiene problemas sicológicos) a los hombres a cambio de cualquier peso. Creció creyendo que es una actividad normal intercambiar sexo por dinero. Hoy a sus 14, cuando su familia la recrimina por no llevar dinero a la casa, la única salida para “ser productiva”, es pasearse por el Parque Centenario en Cartagena, frente al Centro de Convenciones, donde se insinúa a cuanto transeúnte pasa, para que por un mínimo precio, la lleve a su hotel. “¿Tu crees que esto me gusta?” dice Jenny a una trabajadora social. “no, no me gusta, pero en mi casa no entienden que yo necesito desodorante, o crema dental… Y tengo que hacer algo”, concluye.
Un taxista, un vendedor ambulante o la persona que alquila carpas en cualquier playa de Cartagena puede ser el primer contacto para iniciarse en la explotación sexual comercial infantil (prostitución infantil). Solo basta con pronunciar las palabras mágicas: “tiene una pollita para mi amigo”, para conseguir niñas y niños. “Solo dígame cómo la quiere y a donde se la llevo… Eso sí, me paga el transporte y la tarifa la arregla con ella”.
La transacción se da así de fácil porque la legislación colombiana no castiga ser cliente de la prostitución infantil, convirtiendo al eje cafetero, a Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Bogotá, al Llano y al Chocó “paraísos”, pero de este delito. Los turistas llegan a los países con legislaciones débiles, como el nuestro, huyendo de fuertes castigos que rigen en gran parte del mundo. Me pregunto, ¿qué le pasaría a un que visite las playas de St. Peter-Ording, en Alemania o Ibiza en España y decida pagarle a una adolescente para satisfacer sus deseos sexuales? Seguramente terminaría preso.
Países como México y Brasil, en cuyas playas sucedía lo mismo que en Cartagena, decidieron castigar al consumidor penas hasta por 15 años de prisión. En cambio aquí se sanciona al proxeneta, al que estimula, o al que constriñe y hasta tenemos programas de protección para las niñas. Pero para el cliente, que no es más que un abusador, que paga por sexo –a veces con billetes falsos- a adolescentes, lo único que tenemos es un "Gracias por su visita”.
En barrios marginales como el Pozón -situación que no dista de cualquier sector deprimido del país- una libra de carne, una bolsa de leche o 2.000 pesos, basta para que un abusador cumpla sus deseos más perversos desde tocamientos hasta convertir a una niña en su esclava sexual. La explotación sexual comienza en las comunidades, como el caso de Jenny. Este es el primer paso de una cadena que termina en el ejercicio de la prostitución, ya sea en la calle de la media luna donde la “tarifa” es de 20.000 pesos hasta locales exclusivos en el sector amurallado donde detrás de maquillaje, una contraseña falsa, adolescentes de Medellín, Pereira y Cali ofrecen compañía a los turistas por tarifas de 200.000 pesos. Este puede ser un punto de no retorno. Jenny, por ejemplo, ha ingresado 6 veces a un hogar de cuidado.
Colombia no puede pretender ser un país que protege a sus niños y niñas, al tiempo que permite y tolera la explotación sexual. Cómo se explica que nuestro ordenamiento jurídico primen los derechos de los niños y niñas pero en la práctica no haya un mínimo castigo para los consumidores de sexo infantil que destruyen para siempre la vida de sus víctimas, implantando una modalidad de esclavitud del siglo XXI.
*Nombre cambiado para proteger su identidad |
