“Preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos”  sentenciaba Pablo Escobar y su séquito de extraditables a comienzos de los años 90.

Y el panorama no era para menos. Vieron como Carlos Ledher Rivas fue condenado a cadena perpetua por una Corte de La Florida y Manuel Antonio Noriega corrió la misma suerte. Los mostraron encadenados de pies a cabeza y solo veían la luz del sol una hora diaria.

Los tiempos cambiaron, ahora prefieren la cárcel en Estados Unidos. En su afán de desmantelar rutas de narcotráfico, la justicia americana ha puesto a disposición de los narcotraficantes un jugoso paquete de beneficios para que se acojan a su justicia, que incluye, gigantescas rebajas de penas, seguridad en las cárceles, visa para la familia y pena alternativa, a través de un chip adherido al cuerpo.

Estos han sido motivos suficientes para que varios de los narcos más buscados por la policía colombiana busquen acercamientos y negociaciones con la justicia de Estados Unidos, en detrimento de los derechos de las víctimas.

La espada de Damocles, que significó la extradición hace una década, pasó a convertirse en el “paraíso travel” de muchos delincuentes, incluyendo la generación de los jefes paras de Itagüí, que desde antes de su desmovilización buscaban la forma de irse a negociar con la justicia de Estados Unidos.

Que a un narcotraficante le vaya mal con la justicia del país del norte, dejó de ser la regla para convertirse en la excepción. Ahora, con la reciente aprobación de la extradición de Alías “Macaco”, surgen dudas respecto a la conveniencia de esta figura en un proceso de paz donde se busca la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de los grupos armados ilegales.

La extradición de alías “Macaco” es una afrenta para las víctimas de desplazamientos, masacres y desapariciones cometidas por los 400 hombres que hacían parte del Bloque Central Bolívar de las AUC, comandado por Carlos Mario Jiménez, al quedar la confesión de sus delitos y la entrega de bienes en veremos.

Muchas madres se quedarán esperando las coordenadas de las fosas comunes para saber dónde están sus hijos. Muchos campesinos se quedarán esperando que se les devuelva la tierra de donde los desplazaron y otros que se les repare de la muerte de un familiar.

Si la idea con la extradición es castigar a los jefes paramilitares que continuaron delinquiendo después de la desmovilización, lo óptimo sería que perdieran los beneficios que le otorga la ley de justicia y paz y pasaran a ser juzgados por la justicia ordinaria. La paz implica reparar a las víctimas y evitar las futuras. Y esto requiere que la verdad y los bienes se queden en Colombia y no en Estados Unidos