Al finalizar la II Guerra Mundial y por primera vez en la historia, los responsables de los más aberrantes crímenes contra la humanidad, como el genocidio del pueblo judío, la experimentación en humanos y los campos de concentración, que cobraron la vida de 60 millones de personas,  fueron juzgados y condenados por un tribunal Internacional, en lo que se conoció como el juicio de Nuremberg.

Nuremberg se convirtió en el primer paso que la justicia dio para evitar la impunidad de los delitos que pusieran en riesgo la existencia de la humanidad. Sin embargo, no alcanzaron a pasar 50 años, cuando el mundo fue testigo de otras barbaries, el apartheid, el genocidio de Rwanda y sus 800.000 muertos y el genocidio de Yugoslavia con 300.000 víctimas.

Ante estas atrocidades, y al no tener un tener un tribunal permanente que tuviera competencia para juzgar estos crimentes, el Consejo de Seguridad de la ONU creó el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Rwanda, en el entendido  que sin justicia no habría paz.

Estos dos tribunales labraron el camino, para que en 1998, 120 países decidieran, a través del Estatuto de Roma, la creación de la Corte Penal Internacional. Un tribunal permanente que evitara la impunidad de aquellos delitos que no solo atentan contra la persona, sino que tienden al aniquilamiento de la humanidad o al “juego sucio” en la guerra.

La CPI hoy investiga cuatro “situaciones”: El Congo, Uganda, África Central y Darfur, que comprenden la persecución de criminales dentro de cinco casos, entre ellos el de Thomas Lubanga, jefe de un movimiento rebelde en República del Congo, primer detenido por orden de la CPI e investigado por el reclutamiento de niños y niñas para la guerra.

El Estatuto señala que será también responsable el cómplice, encubridor, o el que suministre los medios para la comisión de los delitos de lesa humanidad. Y por eso es pertinente y oportuna la decisión del Presidente Uribe de denunciar a Chávez. Existen serios indicios que lo comprometen con la financiación y patrocinio de terroristas y autores de delitos de lesa humanidad: Las FARC. La Corte más temprano que tarde tendrá que cumplir con su funcion de no dejar en la impunidad a quienes cometen las peores violaciones de derechos humanos, y esto involucra a sus fianciadores y protectores.

Algunos escépticos señalan que es inviable la propuesta del Presidente Uribe  argumentando que la competencia de la  CPI es subsidiaria, solo opera  en casos en que el Estado no quiera o no pueda investigar y juzgar, y por eso habría que que agotar primero el Tribunal Supremo de Justicia venezolana. Sin embargo, no es difícil predecir qué pasaría con esta investigación en Venezuela,  donde desde 1994 según denuncia de Human Rights Watch el Tribunal Supremo de Justicia está coptado por magistrados amigos a la causa bolivariana.

Ante la gravedad de los hechos y la indudable incompetencia de la justicia venezolana, deberá ser la Corte Penal Internacional la que establezca la responsabilidad  de Hugo Chávez por el padrinazgo a un grupo terrorista como las FARC, para dejar claro que la humanidad entera no esta dispuesta a permitir el patrocinio de los delitos que la pongan en riesgo.