Prender un volcán, un pito o un tote  es como disparar un arma. ¿Por qué entonces para portar una pistola hay que tener permisos y para manipular la pólvora no? Colombia es uno de los últimos países del mundo que no ha restringido el uso y manipulación de la pólvora. Y, por el contrario, los polvoreros arman un escándalo cada vez que se habla del tema. Hasta   amenazaron con tomarse a totes y mechas las ciudades donde se encuentre prohibida su venta y producción.

El 70% de los quemados del país a causa de la pólvora son niños que ven mutilados sus sueños, el 100% de los intoxicados son menores que confunden los totes con dulces y el 90% de los muertos son los polvoreros, que padecen con las explosiones del material mal almacenado.

A pesar de esto y de que antes del día de las velitas teníamos  43 quemados, 3 niños intoxicados y un polvorero muerto, un sector muy poderoso del Congreso sigue pensando que la pólvora no hace tanto daño. Desde hace tres años estoy insistiendo en un proyecto de ley que regula la producción, el almacenamiento y transporte de la pólvora y que restringe su manipulación a los expertos. Sin embargo, los intereses particulares han imperado.

Hoy, los polvoreros han logrado convencer a la Cámara de Representantes de que hay que regular la pólvora, pero solo para producirla, transportarla y almacenarla y no para manipularla. Es decir, que deja de ser peligrosa en el momento de prender la mecha. En este sentido, los polvoreros pretenden imponer unos requisitos de certificación que solo 50 familias podrían cumplir, de las 25.000, que según ellos se dedican a esta actividad en Colombia.

Además la Federación Nacional de Pirotécnicos (Fenalpi) –agremiación que se la ha pasado haciendo lobby en el Congreso- quiere que se le retire la facultad a los alcaldes de restringir la pólvora y certificar ellos mismos a quienes pueden venderla. Es decir, quieren crear un “cartel” de la pólvora para sacar del mercado a los pequeños polvoreros e inundar nuestro país de totes, chispitas, volcanes y mechas, exponiendo a los niños a una tragedia.

Lo curioso es que sus argumentos siempre fueron que al restringir la manipulación, estamos violando el derecho al trabajo, pero con su propuesta, que hoy tiene mayor acogida entre los congresistas, están haciendo lo que ellos siempre han criticado: permitirles a solo unos pocos, que no son los más pequeños y ni los de menos recursos, manejar el negocio. Entonces, ¿quiénes violarían el derecho al trabajo?.

Este nuevo cartel niega su responsabilidad ante las 600 víctimas anuales que en promedio deja el uso indiscriminado de pólvora en el país. Como vamos, pareciera que en Colombia se  legisla para los que tienen capacidad de organizarse, y no para los más vulnerables. Como los niños no pueden hacer lobby, no ponen votos o no financian campañas, los congresistas no los tienen en cuenta, a pesar de que son ellos las víctimas. No serìa la primera vez que el congreso tenga màs en cuenta a quienes producen el daño que a quienes lo reciben.