Las recientes renuncias a su investidura presentadas en los últimos días por cuatro congresistas, como consecuencia de las investigaciones que esta realizando la Corte Suprema de Justicia, no son otra cosa que una jugada jurídica de los Congresistas para hacerle el quite a unas investigaciones, en desmedro de los derechos de la sociedad y las victimas, a la verdad, la justicia y la reparación.

La Constitución de 1991 sabiamente estableció que a los congresistas los tendría que juzgar el juez de más altas calidades: la Corte Suprema de Justicia, que además cuenta con la mayor fortaleza institucional. Pero esta figura no es un privilegio, sino una garantía institucional.

El hecho de que a los congresistas los juzgue en pleno la sala penal de la Corte Suprema de Justicia y a un ciudadano lo juzgue un juez inferior, no es en beneficio del congresista, y por eso es que el congresista no puede renunciar a su antojo, o a su acomodo. Esta figura constituye una garantía para la democracia, para el congreso y para la sociedad colombiana. Es una garantía que impide que cualquier juez pueda interferir con las funciones del congresista cuando no tiene suficientes razones para hacerlo poniendo en jaque la función representativa del Congreso. Es decir es una garantía que evita la obstrucción del ejercicio de la democracia por persecuciones políticas.

Es además una garantía para el Congreso. Este escándalo de la parapolítica le ha hecho un daño enorme a esta institución, al punto que es una de las instituciones mas desprestigiadas de Colombia. El Congreso tiene derecho a salir bien librado, y sale bien librado cuando hay buenas investigaciones.

Y por otro lado, es una garantía para la sociedad colombiana que implica que los servidores públicos, que ostentan un enorme poder político, como es el caso de los congresistas, sean juzgados por funcionarios de la misma jerarquía, por funcionarios que no puedan ser amedrentados, y que ofrezcan las mejores y mayores garantías del debido proceso, no solo para los investigados sino para toda la sociedad a la que representan.

Por eso no deberían renunciar al fuero, y si lo hacen no deberíamos aceptar esta renuncia.

Cuales son los crimenes por los que están siendo acusados estos congresistas?

Por su relación con los grupos que han cometido los peores crímenes en Colombia, por su relación con quienes han masacrado, desaparecido y desplazado miles de colombianos. Por su relación con quienes han cometido crímenes de lesa humanidad. Y cual es la relación por la que investigan a los congresistas con estos grupos criminales??? Porque los financiaron, los apoyaron, o se aprovecharon de las muertes, desplazamientos y desapariciones para obtener beneficios electorales. Lo que investiga la Corte por ejemplo es porque 50 masacres coinciden con concentración de votos atípica, sin precedentes en la historia colombiana.

Pedirle a un juez penal que combata de manera solitaria estas organizaciones, que adelante procesos de investigación o juzgamiento de macrocriminales, es decir de violaciones masivas de derechos humanos, que adelante investigaciones de quienes probablemente se tomaron por asalto el estado, el poder público, es pedirle que ponga su vida en peligro. Es convertirlos seguramente en una víctima más de las mafias en Colombia. No podemos seguir exigiendo comportamientos heroicos de funcionarios solitarios que no tienen el blindaje que tiene la corte.

Por qué tenemos que someter a estos jueces a las amenazas e intimidaciones de las organizaciones mafiosas que han declarado ser el poder ejecutivo, legislativo y judicial de esas regiones.

Qué garantías podría tener un juez penal en la ciudad de Sincelejo para juzgar una masacre como la ocurrida el 16 de octubre de 2000 en el corregimiento de Macayepo, donde un grupo de 80 paramilitares asesinó con garrotes y piedras a por lo menos 12 campesinos. O qué garantías puede tener un juez de Valledupar al investigar estas organizaciones mafiosas cuando la costumbre es desaparecer a los investigadores como ocurrió con los 7 miembros del CTI desparecidos por Jorge 40 en marzo de 2000.

Que garantías podrá tener un juez penal en la ciudad de Santa Marta para juzgar una masacre como la ocurrida el 19 de octubre del 2001 en inmediaciones de esta ciudad, donde un grupo de paramilitares secuestraron a 10 pescadores para luego darles muerte.

Por otra parte, los colombianos tenemos derechos a saber la verdad de quienes ostentan el poder público. Tenemos derecho a estar seguros de que las personas que ejercen el poder representativo de la sociedad colombiana, no hacen parte de las organizaciones criminales y mafiosas y por eso es que tenemos derecho a que los congresistas los investiguen y juzgue la Corte Suprema de Justicia.

La Corte Suprema de Justicia tomó una decisión histórica cuando inició estas investigaciones. Pero, el traslado de estas investigaciones a los jueces comunes, pone en riesgo no solo la institucionalidad y la legitimidad de la justicia, sino también el postulado más importante para la consecución de la paz: la verdad.

Que los congresistas sean investigados por la Corte Suprema de Justicia es una garantía institucional que no sólo protege al procesado sino a la sociedad colombiana y al Congreso. La renuncia de estos congresistas es un golpe a toda la sociedad colombiana. Por eso la Corte Suprema debería revisar esa decisión y volverse a pronunciar.

No la hace bien ni a la justicia, ni al Congreso, ni al país mismo, que la Corte persista en una tesis que riñe contra la naturaleza de los delitos por los cuales investiga a los Congresistas: cómo sostener que esos delitos no tienen relación con la función que desempeñaban, cuando es evidente que éstos se incrustaron en organizaciones armadas ilegales y que eran sus voceros en el propio Congreso de la República? Cómo explicarle a los Colombianos que aquellos parlamentarios patrocinados por grupos armados ilegales, que por esa vía lograron tener acceso a las más importantes esferas del poder e incidir en ellas a su favor, delinquieron sólo como ciudadanos comunes y no como Congresistas?.

Que espectáculo de evasión a la justicia, de eventuales juicios simulados, están por presenciar los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estarán sesionando en Colombia a partir del próximo 17 de octubre.

Aunque sería deseable que fueran los mismos Congresistas investigados, muchos de los cuales vehemente reclaman su inocencia, quienes se sometieran a su juez natural, aportando así a la recuperación misma de la imagen del Congreso y, si es el caso, demostrando ante la Corte su inocencia, también sería importante que la Corte reflexione sobre su papel en este proceso histórico y que de una vez por todas ponga fin al tránsito de procesados de una instancia a otra que sólo obstaculiza los ingentes esfuerzos hasta ahora hechos por esa Corporación en bien de la institucionalidad del país.